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Quiebra: consecuencias y soluciones para recuperarse financieramente

La bancarrota es un delito penal, no un sinónimo de quiebra. En el derecho francés, designa actos de gestión fraudulenta cometidos por un…

Homme d'affaires en détresse face à des documents financiers évoquant une situation de banqueroute
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La bancarrota es una infracción penal, no un sinónimo de quiebra. En el derecho francés, se refiere a actos de gestión fraudulenta cometidos por un administrador, siempre que previamente se haya abierto un procedimiento de reestructuración o de liquidación judicial.

El artículo L. 654-2 del Código de Comercio enumera las conductas contempladas: desvío de activos, aumento fraudulento del pasivo, llevanza de una contabilidad ficticia o ausencia de una contabilidad conforme a la normativa. Por tanto, una empresa puede ser liquidada sin que se procese a su administrador por bancarrota, siempre que no se haya probado ninguno de estos hechos.

Responsabilidad personal del administrador tras una liquidación judicial

La confusión más frecuente consiste en creer que una liquidación judicial convierte automáticamente al administrador en deudor a título personal. No es así. La sociedad, como persona jurídica, responde de sus propias deudas.

Una liquidación no genera por defecto una deuda personal del administrador. El patrimonio personal sigue protegido, salvo que el tribunal constate una falta de gestión concreta que haya contribuido a la insuficiencia de activos. Esta acción de responsabilidad por insuficiencia de activos es distinta de la bancarrota: pertenece al derecho mercantil, no al derecho penal.

Hay varias situaciones que pueden comprometer personalmente al administrador. El sitio banqueroute.be detalla los mecanismos por los que el patrimonio personal puede verse afectado tras un procedimiento concursal. Entre los casos más habituales se encuentran los avales personales firmados ante los bancos, las cuentas corrientes de socios no reembolsadas y las condenas por falta de gestión.

  • El aval personal compromete el patrimonio propio del administrador, con independencia de lo que ocurra con la sociedad. Incluso después de que se cierre la liquidación, el acreedor garantizado puede reclamar al avalista.
  • La acción de responsabilidad por insuficiencia de activos exige probar una falta de gestión que haya contribuido al pasivo. El mero fracaso comercial no basta para iniciarla.
  • La confusión patrimonial, si se demuestra, puede llevar al tribunal a extender el procedimiento concursal al propio administrador, aunque se trata de una situación excepcional.

Mujer con documentos oficiales frente a un palacio de justicia en el marco de un procedimiento de quiebra

Bancarrota e infracciones penales: qué sanciona el Código de Comercio

La bancarrota no es un delito genérico. El Código de Comercio define conductas concretas y, para que se aplique la calificación penal, es necesario probar cada una de ellas. La mera suspensión de pagos no constituye bancarrota.

Los hechos sancionables se dividen en varias categorías. El desvío u ocultación de activos (por ejemplo, vaciar las cuentas de la sociedad antes de declarar la suspensión de pagos) es el caso que se persigue con mayor frecuencia. El aumento fraudulento del pasivo, como contraer deudas ficticias para organizar la insolvencia, también se considera una infracción.

Irregularidades contables y bancarrota

La falta de llevanza de una contabilidad conforme a las normas legales o la llevanza de una contabilidad ficticia o incompleta figuran entre los supuestos de bancarrota. Un administrador que no presenta ningún balance durante varios ejercicios se expone a acciones penales desde la apertura de un procedimiento concursal.

Las penas previstas incluyen prisión y multa, además de sanciones complementarias: prohibición de administrar una empresa y privación de derechos cívicos. El ministerio fiscal, el administrador concursal o el liquidador pueden remitir el caso al tribunal penal.

Mecanismos preventivos antes del procedimiento concursal

La mayoría de los administradores descubren demasiado tarde los procedimientos preventivos. Hay dos mecanismos que permiten negociar con los acreedores antes de que la liquidación se convierta en la única opción.

El mandato ad hoc está disponible mientras la empresa no se encuentre en suspensión de pagos. El administrador solicita al presidente del tribunal que designe a un mandatario encargado de facilitar las negociaciones con los acreedores. El procedimiento es confidencial, lo que evita que cunda el pánico entre los socios comerciales.

La conciliación se aplica en un plazo más limitado: puede solicitarse cuando la suspensión de pagos se remonta a menos de 45 días. El conciliador dispone de unos meses para alcanzar un acuerdo amistoso. Si el tribunal homologa el acuerdo, este vincula a los acreedores firmantes.

Estos dos mecanismos no son procedimientos para recuperarse tras una liquidación. Su utilidad reside en la prevención: un administrador que se anticipa a sus problemas de tesorería conserva más margen de maniobra que quien espera a que la suspensión de pagos sea efectiva.

Pareja en una consulta con un asesor financiero para encontrar soluciones tras una bancarrota

Recuperarse tras una liquidación: distinguir el fracaso económico del fraude

Un administrador cuya sociedad ha sido liquidada no tiene prohibido crear otra empresa, salvo que haya sido condenado penalmente con una prohibición de administrar. El fracaso económico no constituye una infracción penal.

La distinción entre liquidación y bancarrota condiciona los pasos siguientes. Un administrador sin condenas puede inscribir una nueva sociedad en cuanto se cierre la liquidación. En la práctica, los obstáculos suelen ser de índole bancaria: obtener financiación tras una liquidación sigue siendo difícil, ya que las entidades de crédito consultan los antecedentes del administrador.

Preparar un nuevo proyecto tras una liquidación

Hay tres precauciones que permiten reducir los obstáculos. En primer lugar, comprobar que la liquidación se ha cerrado formalmente y que no consta ninguna prohibición de administrar en los antecedentes penales. Después, saldar o renegociar los posibles avales personales que sigan vigentes, ya que pueden comprometer la capacidad del administrador para obtener financiación para un nuevo proyecto.

Por último, conviene prestar especial atención a la forma jurídica del nuevo proyecto. Separar el patrimonio personal del profesional desde la constitución (optar por una sociedad de responsabilidad limitada y no otorgar avales personales) reduce el riesgo de que un segundo fracaso afecte al patrimonio del administrador.

El marco jurídico francés no penaliza la asunción de riesgos empresariales como tal. La bancarrota sanciona el fraude, no el fracaso. Un administrador que ha llevado una contabilidad regular, ha declarado la suspensión de pagos dentro del plazo y ha cooperado con los órganos del procedimiento concursal puede emprender un nuevo proyecto, aunque el anterior haya terminado en liquidación.

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